. . .VISTO

La Ordenanza N° 185/2011, y las imágenes de cámaras de seguridad del Municipio de Salto difundidas por medios de prensa, en donde aparecen los Concejales, Daniel Arimay y Edgardo Burgos, en situación de actividad privada en la vía publica, sin interés que pueda significar alguna lesión a la sociedad o Estado con el que se encuentren comprometidos; y

. . .CONSIDERANDO

QUE la libertad jurídicamente relevante se manifiesta en distintas parcelas entre las cuales encontramos la libertad de intimidad o privacidad, entendida como una zona personal que queda excluida del conocimiento generalizado de terceros y a la cual refiere el artículo 19º de la Constitución Nacional, al establecer que las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden, a la moral pública, ni perjudiquen a terceros quedan reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados;

QUE del mismo modo, la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), ratificada por nuestro país por ley 23.054 (ADLA, XLIV-B, 1250) establece en su art. 11, inc. 2: “Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación”; inc. 3: “Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques”;

QUE la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que el derecho a la privacidad e intimidad “protege jurídicamente un ámbito de autonomía individual constituida por los sentimientos, hábitos y costumbres, las relaciones familiares, la situación económica, las creencias religiosas; la salud mental y física y, en suma, las acciones, hechos o datos que, teniendo en cuenta las formas de vida aceptadas por la comunidad están reservadas al propio individuo y cuyo conocimiento y divulgación por los extraños significa un peligro real potencial para la intimidad. En rigor, el derecho a la privacidad comprende no sólo a la esfera doméstica, el círculo familiar de amistad, sino otros aspectos de la personalidad espiritual y física de las personas tales como la integridad corporal o la imagen y nadie puede inmiscuirse en la vida privada de una persona ni violar áreas de su actividad no destinadas a ser difundidas, sin su consentimiento o el de sus familiares autorizados para ella y sólo por ley podrá justificarse la intromisión, siempre que medie un interés superior en resguardo de la libertad de los otros, la defensa de la sociedad, las buenas costumbres o la persecución del crimen” (Cfr. in re, “Ponzetti de Balbín, Indalia c. Editorial Atlántida, S. A”, del 11-12-84, publicado en LA LEY 1985-B, 120);

QUE la libertad de intimidad o el derecho a la “intimidad” o a la “privacidad” no solo protege o alcanza a aquéllas acciones que de ninguna manera se exteriorizan en público. Si así fuera, las cámaras de video-vigilancia colocadas en lugares públicos no traerían ningún conflicto;

QUE sin embargo, no es así. Transitar o conversar en la vía pública con otra persona son actos que, aunque puedan realizarse en público, hacen a la privacidad y que tenemos derecho a excluir del conocimiento generalizado por parte de terceros. Dicho de otro modo la exteriorización de una acción y su eventual realización en público no la transforma en ajena a la privacidad porque pertenece a un área personal que no está destinada a ser difundida;

QUE según la Ordenanza N° 185/2011, el Sistema de videocámaras constituye una herramienta más para la prevención y la velocidad de respuesta policial, dotando a la Policía, a la Justicia de Faltas y al Poder Judicial, de mayores elementos, contribuyendo a la mejora de la seguridad pública, la convivencia social, la prevención de delitos, contravenciones, faltas y situaciones de riesgo o accidentes;

QUE sin perjuicio de ello, agrega la mencionada disposición local, la información visualizada por el personal deviene confidencial y de estricta reserva, dado que podría eventualmente trascender el derecho a la intimidad de los ciudadanos, aunque sin dejar de ponderarse el fin para el cual ha sido establecido el Sistema Público de Monitoreo Urbano que tiene como principio rector la seguridad de las personas, estando comprometido consecuentemente el interés público;

QUE en ningún caso la instalación de las cámaras dará lugar a registrar imágenes que vulneren el principio de reserva dentro del ámbito privado, excepto que se encuentre comprometida la seguridad de las personas o el interés público, según reza el artículo 2° in fine de la mencionada norma.

QUE asimismo, la reserva de la información implica la prohibición de divulgar lo que se visualiza, ya sea en forma directa o indirecta, a otra persona, firma u organismo, sin el consentimiento por escrito de la Municipalidad, o resolución judicial, o cuando medien razones fundadas relativas a la seguridad pública, la defensa nacional o la salud pública;

QUE la información confidencial es tutelada por la Ley 24.766 Ley de Confidencialidad y su divulgación puede ser sancionada con las penas estipuladas en los artículos 153, 155, 156, 157, 157 bis, 169, 172 y 173 inc. 7°, 11° del Código Penal;

QUE el procedimiento de solicitud de información respecto de alguna imagen registrada sólo puede ser requerida mediante petición escrita con los recaudos que se establecen en esa Ordenanza, por personal policial y/o judicial, y excepcionalmente por particulares;

QUE desde el  Centro de Monitoreo del Municipio de Salto se ha provisto a los medios de prensa las imágenes de los ediles Arimay y Burgos,  en las que no se percibe comisión o sospecha de un eventual delito, de una infracción, tampoco de actos preparatorios para cometer alguno de ellos.

QUE es de igual manera preocupante que medios periodísticos hayan retransmitido este video, no solo porque carece de interés público y lesiona la intimidad de los concejales que aparecen en las mismas, sino que no se advierte interés periodístico en su reproducción;

. . .POR ELLO

El Honorable Concejo Deliberante de Salto, en uso de las atribuciones que le son propias sanciona la siguiente:

 

R E S O L U C I O N

ARTICULO 1º – REPUDIAR la difusión de imágenes privadas que corresponden a la intimidad de los Sres. Concejales Daniel Arimay y Edgardo Burgos, captadas el día 5 de abril de 2018 por el Sistema de Monitoreo de Video para Vigilancia Urbana.-

ARTICULO 2º – Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos; insértese copia en el Registro Oficial y Digesto, cumplido, archívese.-

Dado en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de Salto, a los once días del mes de Abril del año dos mil dieciocho.-

ENTRADAS

 

Ingresado  en Sesión Ordinaria de fecha 11 de Abril de 2018. Fue solicitado y aprobado su tratamiento Sobre Tablas.-

 

SALIDAS

 

El Proyecto fue aprobado en general y en particular por la unanimidad del Honorable Cuerpo.-

Se envió copia al Departamento Ejecutivo con fecha 17 de Abril de 2018.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Expediente 073-D-2018
Ordenanza 004/2018